Buscan brindar asistencia psicológica temprana a personas con discapacidad

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La medida también abarca al grupo familiar. Actualmente esta prestación se realiza solo en algunos casos y posterior a la obtención del carnet de discapacidad.

El intendente de Salta, Gustavo Sáenz, impulsó un proyecto de modificación a la Ley Nacional N° 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad que contempla la asistencia psicológica para el grupo familiar.

El objetivo es que en la provincia de Salta dicha asistencia se realice en todos los casos y de manera temprana, ya que es vital la presencia de un psicólogo al momento del diagnóstico como en el proceso posterior.

Actualmente esta prestación se realiza solo en algunos casos y posterior a la obtención del carnet de discapacidad.

El proyecto tiene su origen en una iniciativa de la Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad de Salta, donde se plantea la importancia de incluir entre las prestaciones previstas en la Ley Provincial Nº7.600 la necesaria intervención de un profesional en psicología acompañando a la familia tanto en el proceso diagnóstico como en el posterior.

Si bien la Ley Provincial adhiere a todo lo expuesto en la citada normativa nacional, la praxis indica que no todos los pacientes que son diagnosticados con una discapacidad son derivados para ser asistidos por un profesional en psicología que lo asesore, oriente y ayude a comprender de qué se trata, cuáles son los pasos a seguir para mejorar su calidad de vida y la de su entorno.   

En todos los casos en los que irrumpe una discapacidad en un grupo familiar, en cualquier momento del ciclo vital, es fundamental la intervención temprana y oportuna de un profesional de la psicología, que le permita al paciente y a su grupo familiar directo una mayor aceptación de la problemática.   

Son múltiples los beneficios de contar con asistencia psicológica, principalmente en lo que hace a la calidad de vida de la persona discapacitada, pero no menor es  el alto impacto positivo – económico – y social- que tendrá el Estado, quien es y debe ser el principal impulsor de políticas de prevención de las enfermedades.